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La instauración de un nuevo modelo de reclutamiento
Como antes decía, parte de las recomendaciones de O'Reilly se habían incorporado a las Ordenanzas de 1768, generalmente conocidas como las de Carlos III, particularmente en el título IV del tratado I que regulaba minuciosamente la forma en la que debían reclutarse los voluntarios. De la lectura de estos artículos puede deducirse que la principal preocupación del legislador fue evitar fraudes en el enganche de los reclutados, pero no resolver con medidas innovadoras la escasez de tropa.
Toda la responsabilidad pasó de los capitanes a los coroneles de los regimientos: “he resuelto que de ese cuidado sea solo responsable en el de su encargo el Coronel”. Esta responsabilidad tenían que ejercerla desde el mismo momento en que se iniciaba el proceso reclutador: una vez elegidos los oficiales comisionados en Junta de capitanes, los coroneles tenían que darles instrucciones personalmente sobre la calidad exigida a las reclutas que hicieran, y no podían abandonarla hasta la definitiva incorporación de los nuevos reclutas a sus compañías que era supervisada personalmente por ellos. Los oficiales comisionados respondían con sus pagas para sufragar los gastos de enganchamiento cuando un recluta no cumplía las condiciones impuestas por el coronel y a los paisanos reclutados se les pedía una doble confirmación por escrito de su libre voluntad de enrolarse en el ejército: la primera ante el componente de la partida que le hubiera enganchado y la segunda precisamente ante el oficial responsable de la misma. En esta última le leían los artículos referentes a las penas por insubordinación y deserción, le daban “en mano propia el dinero de enganchamiento” y le tomaban la filiación.
La ausencia de resultados de todas las medidas que se habían ido arbitrando provocó que Carlos III, alarmado por el informe de O'Reilly y ante la urgente necesidad de disponer de tropas, nombrara una Junta con el encargo de elaborar un proyecto de ordenanza que resolviera el problema de la escasez de reclutas voluntarios. Sus miembros fueron el secretario de Despacho de Guerra, Juan Gregorio Muniain, el capitán general conde de Aranda, los inspectores generales de Infantería, Caballería y Dragones, conde de O'Reilly, marqués de Villadarias y Eugenio Bretón, y los dos fiscales del Consejo de Castilla, Campomanes y Moñino.
La tarea más acuciante para esta Junta era buscar los medios para completar la fuerza del ejército y, como primera medida, acordó el traspaso inmediato de 12.000 solteros de los regimientos de milicias, a razón de 300 por unidad, a la infantería de línea. Resuelto lo más urgente, dedicó su atención a sentar las bases de un nuevo sistema de reclutamiento. La decisión adoptada fue incorporar al reemplazo del ejército a las provincias del antiguo reino de Aragón y sortear anualmente las vacantes que tuvieran las unidades. La redacción del proyecto de ordenanza se encargó a los dos fiscales y, concluido por ellos, se volvió a ver y a examinar por el resto de los vocales, que lo aprobaron por unanimidad. La diligencia con la que obró esta Junta, entre la fecha del informe de O'Reilly ¾18 de agosto y la de la sanción real de la Ordenanza ¾3 de noviembre, sólo transcurrieron poco más de dos meses, indica claramente que la crisis bélica que se les echaba encima les había sorprendido en absoluto estado de indefensión.
La seguridad de mis Reynos exige un Egército respetable a los Enemigos de mi Corona [...]. Y siendo preciso a este fin usar de los derechos que me corresponden al Servicio militar, que me deben prestar, [...] y aseguren la subsistencia del Egército en un pie sólido de fuerza [...] distribuido justamente este Servicio entre todos los que deben y pueden ser contribuyentes, no recaiga en unos lo que corresponde a otros(34).
Éste es el esclarecedor comienzo de la Ordenanza de 1770. Su objetivo era intentar justificar la decisión de quintar anualmente a la población pechera para dotar al Reino de un ejército que garantizara su seguridad. La medida se consideraba tan revolucionaria que los redactores del documento consideraron necesario recordar expresamente la indiscutible prerrogativa de la realeza para exigir el servicio de sus vasallos, al objeto de poder avalar la sustitución de un sistema de reclutamiento, avalado por una tradición de muchos siglos, por otro que fue entendido por los hombres del siglo XVIII como una amenaza real, dependiente sólo del azar, a continuar su forma de vida en el ambiente que habían conocido desde su nacimiento. Todo varón soltero, desde los dieciocho a los treinta y seis años, quedaba obligado a someterse cada año a que su nombre fuera introducido en un cántaro y exponerse a pasar los próximos ocho años de su vida lejos de su hogar y de su familia. De este peligroso azar estaban exentos, además de los incapacitados físicos y los que no alcanzaran 1,625 metros de estatura(35), todos los hidalgos y un sinnúmero de profesionales y estamentos.
La relación de oficios y profesiones que la Ordenanza declaraba exentos del sorteo es demasiado prolija para incluirla en este trabajo, pero debe destacarse que uno de los objetivos de aquélla era corregir los abusos existentes:derogo qualesquier privilegios o esenciones, porque mi voluntad es reducir estas esenciones a lo literal de esta Ordenanza”(36). La cantidad de recursos sobrevenidos a este ligero recorte de privilegios se han contabilizado 28 reales cédulas aprobando instancias de exención corporativa en este período obligó a Carlos III a dictar una adicional en 1773 que los amplió: “conservando aquellas esenciones, conformes a las leyes, y al beneficio público de las familias, agricultura, artes y comercio”(37).
La lista de los mozos sorteables la realizaba el propio ayuntamiento, pero el cupo que le correspondía lo fijaba el intendente de la provincia según un “plano” del cálculo de su población. La limpieza del sorteo quedaba avalada por la presencia del párroco de la localidad durante todo su desarrollo y por la firma de los mozos, que tenían que mostrar de esta manera su conformidad con los resultados. Por último, el escribano público tenía a su cargo “dar razón” de que todo se había realizado según el procedimiento previsto. Los mozos a los que les hubiera tocado la suerte de soldado, que no podían ser sustituidos por otros, se concentraban en una caja provincial, donde un oficial del ejército les tallaba y conducía a su unidad. La Ordenanza aconsejaba que se les buscara un destino cercano a su lugar de procedencia y que se procurara agrupar a todos los de una comarca en el mismo cuerpo.
Una vez concentrados en la caja, cada mozo recibía 60 reales “para zapatos, medias y camisa” y comenzaban a percibir un socorro de dos reales diarios (un real equivalía a 34 maravedís). Al término de los ocho años de servicio recibirían 120 reales y, si decidían reengancharse como cabos o sargentos de por vida, eran retribuidos con 60 ó 120 reales, respectivamente. Otra de las mejoras introducidas fue la concesión de una licencia anual de cuatro meses, aconsejándose que se hiciera coincidir con los períodos de sementera o siega.
Debe destacarse que el acudir a la quinta como sistema habitual para reclutar tropas suponía admitir una derrota política. Dos años antes, las Ordenanzas de Carlos III sólo contemplaban el reclutamiento de voluntarios, lo que induce a suponer que aquél era el procedimiento deseable para nutrir el ejército en la clase de soldado. La nueva norma de 1770 refrendó la inclinación regia por el voluntariado en el artículo LVI, pero su propio texto denunciaba la pérdida de calidad de la tropa:
Ordeno continúen con actividad las Reclutas voluntarias, para facilitar el reemplazo de mis tropas, como hasta aquí, procurando sean de gentes y personas honradas, no criminosas; y tales que puedan y deban participar del honor, a que quiero sean acreedores los sorteados; de modo que por una parte se sortee ese menos número, y por otra no se disminuya el mérito y concepto que debe tener el Servicio militar.
La Ordenanza de reemplazos de 1770 contemplaba otro procedimiento adicional para facilitar el reemplazo del ejército: las “Levas en Capitales y Pueblos de numeroso Vecindario, para purgarles de gentes ociosas y sobrantes”, pero introdujo la importante innovación de prohibir que los forzados sirvieran en los regimientos de Infantería; el texto disponía expresamente que los infantes sólo fueran reclutados mediante el enganche de voluntarios o el alistamiento de quintos “para mantener en un vigor honrado y constante la principal fuerza de mi Egército”(38).
Cinco años después Carlos III reguló minuciosamente su recogida anual y su destino a la Marina o a los cuerpos de guarnición en América(39). La Ordenanza de Levas de 1775 tiene el interés adicional de definir lo que se entendía por vago en el siglo XVIII:
[...] todos los que viven ociosos, sin destinarse a la labranza, o a los oficios, careciendo de rentas de que vivir; o que andan mal-entretenidos en juegos, tabernas, y paseos, sin conocérseles aplicación alguna; o los que habiéndola tenido, la abandonan enteramente, dedicándose a la vida ociosa, o a ocupaciones equivalentes a ella; ...los que se encontraren a deshora de las noches, durmiendo en las calles, desde la media noche arriba, o en casas de juego, o en tabernas.
Pese a que esta última Ordenanza todavía insistía en los beneficios del reemplazo anual por exigir menores cupos de soldados(40), el nuevo método de reclutamiento dejó de utilizarse desde 1776. El abandono del reemplazo tuvo muy diversas causas, pero la fundamental era que aquel procedimiento no encajaba en la mentalidad de la época. Los propios legisladores se sintieron violentos al dictarlo, los encargados de su administración y ejecución se resistían a implantarlo y los sujetos pasivos sobre los que iba a recaer la nueva prestación personal demostraron una enérgica aunque respetuosa oposición a someterse a ser quintados cada año. Por último, la infraestructura estadística y burocrática que necesitaba el sistema estaba muy por encima de las posibilidades reales de la Administración española.
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Hasta el final del reinado de Carlos III continuaron prodigándose disposiciones para favorecer la situación de los soldados. Las más importantes fueron incrementar los premios de licenciamiento para que los soldados se reintegraran a la vida civil con un pequeño capital, autorizarles a ejercer sus oficios en las ciudades donde estuvieran de guarnición, reservar a los licenciados los empleos de la recaudación de contribuciones y abolir los castigos corporales no impuestos por consejo de guerra.
Ninguna de estas evidentes ventajas consiguió revitalizar un sistema de reclutamiento que ya no se correspondía a la realidad socioeconómica de las naciones del final del siglo XVIII. Campomanes todavía insistía ante Floridablanca en 1787 sobre la conveniencia de nutrir las filas del ejército básicamente con vagos y, sólo en el caso de no cubrirse las necesidades por esta vía, exigir quintos a los ayuntamientos, con lo que éstos se aplicarían más en la recogida de la población marginal. Pero ya daba por descartado que el reducido ejército permanente que mantenía España pudiera estar integrado solamente por reclutas voluntarios(41).
El callejón sin salida en el que se encontraban aquellos gobernantes fue despejado por la convulsión de la Revolución francesa. La indignación del pueblo de París ante el manifiesto del duque de Brunswick, general en jefe de las tropas prusianas, que amenazaba con destruir y arrasar la ciudad si Luis XVI y su familia no eran puestos inmediatamente en libertad, desencadenó una movilización general, cuya primera consecuencia fue la creación de un ejército popular que batió a los prusianos en Valmy.
No es éste el momento de analizar la realidad objetiva de esta batalla, desarrollada en la jornada del 20 de septiembre de 1792 y en la que los indignados parisinos derrotaron a las tropas herederas de la gloria de Federico el Grande, pero sí de señalar que Valmy fue el símbolo de los futuros ejércitos del liberalismo y determinó el camino que seguirían los nuevos sistemas de reclutamiento y movilización de los soldados del siglo XIX. Goethe, que presenció la batalla desde el lado prusiano, consoló a los derrotados con estas palabras: “Aquí, y en el día de hoy, comienza una nueva época de la Historia Universal, y podréis siempre decir que estuvisteis presentes”(42).
Simultáneamente en España se produjo un fenómeno semejante. La declaración de guerra a Francia el 23 de marzo de 1793 también vino a desmentir por vía de los hechos todas las opiniones de los hombres de la Ilustración sobre la imposibilidad de reclutar tropas voluntarias. Es evidente que en esta ocasión confluían tres factores que singularizaron aquella campaña: la naturaleza del enemigo sacrílego, regicida y revolucionario, la invasión del territorio nacional por un ejército regular y el decidido apoyo del clero, que levantó bandera de cruzada en todas las iglesias del país. Aunque Godoy negaba en sus Memorias esta influencia del clero, el libro de cabecera de las tropas del Rosellón fue la “carta instructiva, ascético-histórico-política” del beato Diego de Cádiz muy difundida también durante la Guerra de la Independencia en la que leemos:
No te acreditarías de buen católico ni de hijo celoso del decoro debido a la Santa Madre Iglesia, ni de vasallo leal a tu monarca, si, hallándote sin obstáculo alguno que te lo impida y en las proporciones correspondientes para ello, dejares de tomar las armas en una ocasión en que todas las leyes divinas y humanas parece que lo exigen(43).
Debido a ello la respuesta popular a lo que se podría denominar la última de las levas honradas desbordó todas las expectativas. Una Real Orden de 4 de febrero de 1793 hizo un llamamiento a toda la población para alistarse en el ejército ¾“voluntariamente y por el tiempo que les sea posible, encargando a los párrocos y a las autoridades locales: “destinarles a los diferentes Cuerpos en que puedan ser útiles, pues los que por la talla u otras circunstancias no sean buenos para uno podrán ser a propósito para otro”(44). Durante 1793 y 1794, la Gaceta de Madrid fue dando cuenta puntual de los “ofrecimientos a S. M.” en respuesta al llamamiento: en los ayuntamientos se alistaron 16.511 hombres, el duque de Arión levantó a sus expensas el Regimiento de Infantería de Órdenes Militares, con 1.900 soldados, y sería costoso contabilizar las respuestas de particulares que se enganchaban en el ejército, que enviaban dinero para sufragar los costes de uno o dos soldados, o que aportaban donativos en metálico y en especie. Godoy narró expresivamente aquella avalancha patriótica:
La opinión pública se pronunció por la guerra hasta en las clases más inferiores. Los donativos patrióticos ... ofrecían una multitud de nombres de jornaleros, de menestrales, de mujeres y aún de mendigos... Los individuos que no tenían dinero daban géneros y efectos de su comercio o de su industria; los que no tenían nada ofrecían sus personas y pedían ser alistados(45).
Clausewitz no duda en atribuir a los españoles la paternidad de haber inaugurado la guerra nacional en la Historia contemporánea europea, pero identifica este acontecimiento en nuestra Guerra de la Independencia(46). Sin embargo, en mi opinión, la Guerra del Rosellón o de los Pirineos fue ya un conflicto bélico con las características distintivas de los que tendrían lugar en el siglo XIX, pues en ella se enfrentaron por primera vez dos ejércitos reclutados mediante una movilización general: el español por la real orden de 4 de febrero y el francés por el decreto de Carnot de 23 de agosto de 1793.
La respuesta popular al llamamiento de Carlos IV demostró que para nutrir las filas del ejército a finales del siglo XVIII era preciso que las clases populares se sintieran motivadas por el objetivo para el que eran reclutadas. Todos los esfuerzos de los monarcas ilustrados para integrar a sus vasallos en la milicia pecaron del defecto de considerar que la población de sus reinos seguía compuesta por súbditos, cuando la realidad social era que ya se consideraban a sí mismos como ciudadanos responsables colectivamente de la supervivencia de sus naciones.
A veces se ha querido identificar la Ordenanza de 1770 como el antecedente inmediato del servicio militar obligatorio, pero creo que no es posible admitir esta afirmación. El reemplazo anual de Carlos III fue una herramienta para solucionar la falta de reclutas voluntarios en las unidades; pero conservó todas las características, exenciones y privilegios de la sociedad estamental de la época. Aun reconociendo el esfuerzo innovador que supuso este proyecto ilustrado para regularizar el reclutamiento, el origen de lo que hoy llamamos servicio militar obligatorio debe fijarse en el proceso legislativo abierto por la Ordenanza de 1800 ¾“todos [...] son contribuyentes al reemplazo del Ejército”(47) ¾ y culminado por la ley de reemplazos de 1837(48). Entre ambas normas, pueden destacarse los hitos marcados por el texto constitucional de 1812: “Ningún español podrá excusarse del servicio militar”(49) y por la definitiva abolición de los privilegios estamentales en el Reglamento de 1819: “Los hijosdalgo [...] serán incluidos en el presente sorteo”(50).
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